Declaración Pública

Con motivo de un llamado que circula por redes sociales y que invita a entregar mediante firmas, apoyo y respaldo al “Proyecto Definitivo de Norma de Calidad Secundaria para la protección de las aguas de la cuenca del Río Valdivia”, Codeproval -Corporación que representa al sector privado- siente la obligación de comunicar a los habitantes de la región y opinión pública en general, lo que sigue: 

  • Desde que se inició el proceso de elaboración de esta norma, Codeproval ha sido activa  participante, aprovechando todas las instancias posibles definidas en el marco de la elaboración de normas de calidad secundaria, entregando  antecedentes e información relevante para su correcta elaboración, sin que haya sido tomada en cuenta. 
  • Como hemos dicho públicamente, nos motiva el resguardo de nuestros entornos naturales, pero también el desarrollo social y productivo de la región.  Creemos que el  crecimiento sostenible es posible  con equilibrio y compatibilidad productiva.
  • Tal convicción nos llevó a objetar la norma emitida ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, debido a que presentaba serias debilidades en mediciones y límites, pero por sobre todo desconocía – y lo sigue haciendo-, el impacto económico que significa para la industria local. Cabe señalar que el fallo del Tercer Tribunal indicó retraer la norma para su revisión y mejora, situación que incluso fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema.  
  • Quienes han hecho circular la carta de apoyo vía RRSS, confunden a la opinión pública mezclando dos temáticas que son distintas, una que tiene que ver con el déficit hídrico producto del cambio climático y otra que tiene relación con la creación de esta norma que nos parece fundamental para definir las futuras inversiones económicas y de desarrollo para la región de Los Ríos y zonas adyacentes.
  • Creemos que es peligroso para la institucionalidad del Estado dejarse presionar por este tipo de acciones que se sustentan en información sesgada. Nuestro llamado es a que las entidades expertas y afines deben definir si esta normativa cumple con los estándares adecuados, y si va en sintonía con el plan de desarrollo político, económico y ambiental que el país quiere proyectar.
  • El actual ante proyecto sigue presentando múltiples errores. Muchos de los limites propuestos son superiores a los estándares de la normativa internacional y lo que es más grave, sin que exista justificación técnica para ello. 
  • Desde el punto de vista económico, los costos de abatimiento en que deben incurrir las empresas ante un eventual plan de descontaminación están subestimados, por lo que no existe una cuantificación real del efecto que la implementación de esta norma tendrá en el sector productivo y en el desarrollo de nuestra región. 
  • Nos parece que esta norma debe ser un instrumento regulador que permita el desarrollo socioeconómico y el equilibrio ambiental; en ningún caso debe ser una camisa de fuerza que al final del día se traduzca en la migración o cierre de las empresas, mayor cesantía y pérdida del capital humano y social que tiene esta región. 
  • Por último, invitamos a la ciudadanía a informarse debidamente, para evitar las consecuencias futuras que una norma equívoca  pueda traer al desarrollo de  nuestra región